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Esta tarde tuve el placer de participar de un Tribunal en la exitosa defensa de tesis del ahora Dr. Pablo Arosemena Marriot, en el marco del Programa de Doctorado en Economía de ESEADE. Su tesis estuvo centrada en la dependencia de Ecuador de los petro-dólares y en cómo la teoría del public choice, los principios básicos de las finanzas públicas y cierta experiencia internacional pueden ayudarnos a fijar una combinación de reglas fiscales que limiten el gasto público o más bien, independicen los ingresos provenientes del crudo de los ingresos corrientes como medio de financiamiento del gasto público corriente, con el objeto de buscar un modelo económico sustentable de largo plazo. Demás está decir que felicito públicamente a Pablo por su excelente trabajo y no dudo que esta tesis será el comienzo de una propuesta formal de transformación de la economía de Ecuador, pero quiero dedicar este espacio para trasladar algunas de sus preocupaciones al caso argentino.

El 24 de enero de 2012, la Casa Rosada -a través del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou- informó que el superávit fiscal de 2011 cerró en casi 5000 millones de pesos. Su discurso resumió la excelente performance macroeconómica de la Argentina y elogió el modelo K que revirtió el déficit fiscal de la década anterior.

Muchos somos, sin embargo, los que tenemos la impresión de que estas estadísticas -así como las que maneja el INDEC- son puro humo y que el modelo K carece de sustentabilidad en el largo plazo.

La sostenibilidad de un modelo económico en el largo plazo depende de varios factores, siendo uno de los más importantes el equilibrio fiscal. Los principios básicos de las finanzas públicas nos dicen que para garantizar ese equilibrio el gasto corriente debe ser financiado con ingreso corriente.

Ahora, ¿qué entendemos por gasto corriente? La erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.

¿Y qué entendemos por ingreso corriente? Son aquellos recursos provenientes de la vía fiscal o por las operaciones que realizan las entidades del sector público, mediante la venta de bienes y servicios (exceptuando los activos fijos). Son aquellas percepciones que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Siguiendo con la tendencia de los últimos años, en el presupuesto de este 2012, el gobierno ha proyectado aumentar los gastos corrientes a una tasa mayor que los ingresos corrientes, lo cual nos deja con un déficit del 3,5 % del PIB.

¿Por qué entonces el gobierno insiste en mencionar un superávit fiscal? Porque en la cuenta “rentas de la propiedad”, ha incluido el financiamiento que recibe de los fondos de la Anses y el Banco Central, que todos los expertos coinciden que no debería ser registrado como ingresos corrientes.

Según Luciana Díez Frers, directora del Programa de Política Fiscal del Cippec, estos recursos sumaron en 2011 $23.390 millones y en 2012 llegarían a $27.000 millones, lo cual nos conduce a un déficit primario de $ 38.920 millones y  uno financiero de $86.000 millones, equivalentes al 3,5% del PBI.

Al maquillaje del gobierno, habrá que agregar la soja-dependencia. Es que en las proyecciones de recaudación tributaria se encuentra hoy el supuesto de que el precio récord de la soja vino para quedarse.

Este es el supuesto que quisiera discutir con los lectores. ¿Qué factores determinan el precio de la soja? ¿Es correcto pensar que el nivel récord de la soja se mantendrá en el mediano y largo plazo? ¿Qué puede ocurrir si tal cosa no sucede? ¿Qué políticas o reglas fiscales pueden tomarse para evitar que una caída en el precio de la soja termine impactando en la economía y el empleo?

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