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Un breve y simple repaso de los principales problemas:

El Medio Ambiente en América Latina

Desde hace unos cien mil años el hombre interactúa con la naturaleza, primero en grupos de cazadores-recolectores y luego como pueblos agro-alfareros y minero-metalúrgicos.

Los primeros pobladores no dañaban mayormente los ecosistemas, la caza no conducía al exterminio de las especies y la recolección de frutos y vegetales no provocaba desequilibrios ecológicos. Además, al ser nómadas, rotaban los lugares  facilitando el proceso de autorregulación de los ecosistemas. Su número era muy pequeño como para tener algún impacto, salvo en los principales imperios del continente: aztecas e incas.

Con los primeros pueblos sedentarios aumenta la alteración de los ecosistemas. Mediante la domesticación de algunos animales y la utilización de la quema de leña y los animales para energía, comenzaron a verse las primeras consecuencias sobre el medio ambiente. En la búsqueda de mejores tierras, los aborígenes dieron comienzo a las primeras quemazones y tala de árboles. Sin embargo, dada su escasa magnitud, no alcanzó para causar daños ecológicos notorios. Muchos campos y praderas originales eran remplazados por nuevos cultivos. También se comenzó a utilizar el regadío artificial, terrazas en los Andes y canales para facilitar la circulación del agua destinada a la producción agropecuaria.

Los primeros colonizadores encontraron un continente con mucha materia prima y mano de obra para explotar. Los españoles, en particular, crearon un régimen de extracción de recursos basado en la propiedad estatal (real). Comenzaron a extraer metales preciosos destinados al mercado internacional, para lo que se fomentó la tala de árboles para  las fundiciones, y las explotaciones agrarias de un solo producto que eran la base de la economía de exportación (cacao, trigo, azúcar, café) provocando los primeros cambios ecológicos.

El cambio más significativo, tal vez, por parte de los españoles, fue la introducción del ganado vacuno y equino. Estos animales encontraron en ciertas regiones un entorno apto para su reproducción, sin mayor amenaza de depredadores. En pocos años, las vacas, los caballos y las ovejas ya se habían multiplicado por miles, dando origen a su explotación, en el caso del ganado vacuno para obtener su cuero. Curtiembres y saladeros comenzaron ya a contaminar sus áreas circundantes, en particular ríos y arroyos. El ganado salvaje generó una situación de “tragedia de los comunes”; las vaquerías los cazaban para quitarle el cuero sin aprovechar el resto del animal. La ausencia de derechos de propiedad sobre el recurso generaba un incentivo a matar, no a criar. A fines del siglo XVIII el Virrey Arredondo, en Buenos Aires, llamaba la atención sobre la posible extinción de ese ganado llamado “cimarrón”[1].

No obstante, fue ésta una notable historia de cambio institucional para proteger el recurso. La introducción del alambrado en la segunda mitad del siglo XIX permitió el establecimiento de claros derechos de propiedad sobre la tierra y el ganado, y nunca más se habló ya de la posible extinción de la especie vacuna. De otras especies, lamentablemente, no puede decirse lo mismo, se acentuó su caza indiscriminada.

Pero el concepto no se extendió a otros recursos o áreas y los problemas ambientales, a medida que aumentaba la población y la producción, fueron creciendo. Las ciudades iban evolucionando, muchas formándose como ciudad-puerto o cerca de los centros mineros, comenzando a depender de flujos energéticos externos. Los países de Latinoamérica se insertaron en la división internacional del trabajo, acelerada por la revolución industrial, como países  proveedores de materia prima, en general con una extensión del derecho de propiedad que generaba el incentivo a explotar el recurso racionalmente, excepto el subsuelo que, manteniendo la tradición hispana, siguió siendo propiedad estatal y accesible solamente a través de concesiones. La actividad agrícola-ganadera se extendió e, inevitablemente, modificó el ambiente. Esto suele ser condenado por ciertos grupos ecologistas como una tragedia, pero la modificación del entorno es lo que ocurre cuando utilizamos los recursos para producir y, con ello, satisfacer las necesidades de las personas.

No existe actividad sobre los recursos sin impacto. Lo importante es la existencia de un marco institucional, de normas, que motive un aprovechamiento racional, protegiendo al recurso para que pueda seguir brindando servicios. Se puede “proteger” el ambiente no tocándolo, pero es necesario tener en cuenta que esto implicaría el retorno a una vida de “cazadores-recolectores” e incluso tan sólo para algunos.

Y no es solamente el hombre, los mismos fenómenos naturales tales como sismos, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y huracanes ocasionan drásticos cambios en el entorno. La capacidad para hacer frente a estas catástrofes está estrechamente relacionada con el crecimiento económico y el nivel de riqueza de un país. En un país pobre, cualquier fenómeno natural de ese tipo se vuelve una tragedia. No es el mismo impacto de un terremoto en Chile que en Haití.

Las tierras más fértiles fueron utilizadas para explotar los productos de exportación, se aceleró el reemplazo de selvas y bosques con el propósito de habilitar tierras para el uso agropecuario, y se desconocieron derechos a los habitantes originarios. La propiedad territorial fue dedicada a la masiva cría de ganado y a cultivos, disminuyendo la diversificación. También se acentúo la caza indiscriminada de la fauna terrestre, como por ejemplo, perdices, vizcachas, chinchillas, o la langosta en el Caribe.

A mediados del siglo  XIX, comenzó la explotación de combustibles fósiles, como el carbón, la madera y el petróleo. A partir de la década del 1930, con el inicio de la industrialización en Latinoamérica, muchas sociedades agrarias se transformaron en urbanas. Hubo una gran migración del campo a la ciudad, lo que favoreció su crecimiento. En estas ciudades se incrementaron los ruidos, la basura, la contaminación del aire y del agua, y el consumo de energía, si bien también es cierto que la concentración de las poblaciones en centros urbanos concentra el impacto inevitable en una superficie relativamente pequeña y reduce los efectos per cápita.

Problemas institucionales

Que hay problemas ambientales en América Latina no es una novedad, pero sí tal vez lo sea que éstos se deben en muchos casos al fracaso del Estado como propietario de recursos que no logra cuidar y sostener. El consenso “ecologista” presenta un panorama en el cual la raíz del problema es el afán de obtener desmedidas ganancias sin considerar los efectos destructivos sobre el medio ambiente. Las empresas capitalistas, sobre todo grandes e internacionales, aparecen como los principales villanos a quienes hay que combatir, con buenos o con malos argumentos. El Estado y la política son propuestos como el freno y la solución para esas ambiciones descontroladas.

Sin embargo, los principales problemas ambientales presentes en América Latina son el resultado de la falla de Estado, de la mala calidad institucional por la cual éste, que asumiera la propiedad de la mayoría de los recursos hoy degradados, no cumple su función de propietario “protector” y en muchos casos alienta y subsidia la depredación. Repasemos brevemente cuáles son esos problemas[2]:

  1. Cambio climático:

El principal tema ambiental del planeta encuentra a América Latina como un participante menor, teniendo en cuenta el volumen de emisiones de CO2 que muestra el gráfico, aunque no exento de sus consecuencias, las que de verificarse pueden tener impacto en el núcleo de su producción agrícola y ganadera.

En este sentido, si bien el actual período de crecimiento económico significa que la región aumentará sus emisiones, al mismo tiempo estará en mejores condiciones y con más recursos económicos como para hacer frente a sus problemas. Por ejemplo, el IPCC (International Panel for Climate Change) plantea escenarios en los que el calentamiento global genera un incremento de ciertas enfermedades, pero es mucho más robusta la relación existente entre el PBI per cápita y la expectativa de vida al nacer, ya que ese mayor crecimiento implica un mejor acceso a agua potable o servicios sanitarios. Una relación similar existe entre el nivel de PBI y el impacto de eventos climáticos catastróficos.

Fuente: International Energy Agency (2009). Disponible en www.lainformacion.com

América Latina ha encontrado ahora condiciones externas favorables para ese crecimiento, las que están siendo aprovechadas en mayor grado por aquellos países que han logrado mayor calidad institucional.

2007   Emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe (del sector energético)
País Millones de ton. de CO2* CO2 t/p.c. Ranking Mundial #
México

453

4,2

13

Brasil

398

2,1

17

Venezuela

172

6,6

27

Argentina

166

4,1

29

Chile

65

4

50

Colombia

64

1,5

51

Trinidad   y Tobago

47

38

62

Puerto   Rico

37

9,3

71

Perú

32

1,1

74

Ecuador

28

1,9

76

Cuba

25

2,2

78

República   Dominicana

19

2

85

Panamá

15

4,5

89

Bolivia

14

1,4

92

Jamaica

13

4,7

94

Guatemala

12

0,9

99

Honduras

7,9

1

109

Uruguay

7,5

2,2

110

Costa   Rica

6,8

1,6

114

El   Salvador

6,4

0,9

116

Bahamas

5,1

16.8

123

Nicaragua

4,9

0,9

124

Paraguay

3,8

0,6

133

Guyana

1,6

2,1

157

Barbados

1,4

4,9

159

Los que   más emiten
China

6.284

4,8

1

EE.UU.

6.007

19,9

2

Rusia

1.672

2,11

3

India

1.401

1,2

4

* Las   cifras no incluyen emisiones debidas a cambios en el uso de la tierra   (deforestación). Según el Instituto Mundial de Recursos (CAIT), éstas   constituyen el 46% del total de las emisiones de gases con efecto   invernadero. Si esas cifras se incluyeran, Brasil figuraría como el quinto en   la lista de principales emisores. Además, varios países de la región además   estarían entre los primeros 30 si se utilizara la medida de emisiones per   capita: Belice (1), Guyana (2), Panamá (14), Trinidad y Tobago (15),   Venezuela (24), Nicaragua (27) y Bolivia (28).
#   Ranking global de acuerdo al total de emisiones
Fuente: Administración   de Información Energética (EIA); en Painter James “Emisiones en América   Latina y el Caribe”, BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml

La región, además, encuentra una oportunidad de ofrecer proyectos para la captura de CO2 dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU, en particular los asociados con forestación.

  1. Contaminación del agua y cambios en los glaciares: Muchos cuerpos de agua superficial se utilizan  para  depurar a los efluentes líquidos casi sin ningún tratamiento previo a la descarga. Cada vez se identifican más sitios en los cuales los vertidos desmesurados han convertido a los ríos y arroyos en  canales cloacales que impiden otros usos complementarios. El Estado se ve enfrentado a demandas contrapuestas: de la fábrica que pretende eliminar así los desechos de su proceso de producción, de los habitantes pobres que viven en sus orillas y arrojan allí toda su basura, de la misma empresa estatal de cloacas que también arroja allí, de los que quieren navegar en un rio limpio, de los que quieren pescar peces no contaminados o de los que simplemente quieren disfrutar de su vista. Son demandas contrapuestas que muchas veces paralizan a una burocracia lenta e ineficiente, donde se presentan problemas por la presencia de distintas jurisdicciones, donde se tratan de evitar las responsabilidades.

Un ejemplo de esto es el Lago Atitlán en Guatemala. Aproximadamente un 38% de la superficie del lago, que no tiene salida natural, está afectado por algas, como consecuencia del desagüe de millones de litros de aguas residuales provenientes de miles de hectáreas de áreas agrícolas. Esta situación se ha acelerado por la introducción de decenas de especies acuáticas invasivas. Actualmente, el contenido de fosfatos es cinco veces mayor que en 1983, el de nitratos diez veces mayor que en 1968 y el fitoplancton lleva mil veces más organismos por litro que en 1968. En Guatemala, las enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas representan entre el 15% y el 20% de las causas de muerte y el 30% de las causas de mortalidad infantil en el país (PNUMA et al).

El consumo de agua se ve afectado además por erróneas políticas de precios por parte de las autoridades regulatorias, los que no reflejan su real escasez, y el ineficiente manejo de empresas públicas dedicadas a su provisión. Son limitados los casos en que se mide el consumo real de agua, lo que fomenta su despilfarro. América Latina muestra uno de los indicadores más altos de consumo de agua por habitante.

Se observan cambios en los glaciares. Se sostiene que habrían retrocedido 35 metros en los últimos 10 años y se atribuye esto directamente al cambio climático, al igual que las sequias e inundaciones.  No obstante, poco se sabe del fenómeno, al igual que los efectos de “La Niña” o “El Niño” sobre sequías e inundaciones, aunque todo se atribuye a la misma causa. Cualquier turista puede apreciar el crecimiento periódico del glaciar Perito Moreno, ya que es un atractivo turístico sin par  estar allí cuando colapsa en el Lago Argentino precisamente luego de unos años de crecimiento. Por otro lado,  el Glaciar Upsala, segundo glaciar más largo de Sudamérica (870 km² de extensión y 60 km de longitud), ha perdido el 3,7% de su superficie en sólo 19 años. Por su parte, el glaciar chileno O’Higgins, cuarto en extensión (785,4 km2 en el año 2000), se extendía en 1973 varios kilómetros dentro del lago y en 2007 prácticamente había retrocedido hasta su orilla. El frente de este glaciar se mantuvo en una posición estable hasta principios del siglo XX. A partir de entonces inició un retroceso que midió 14,6 km en 1995. El 79% de esta pérdida se produjo entre 1945 y 1980[3].

Comenta el Tercer Informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático en relación a “El Niño”: “Cuando se evalúan los cambios en El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), debe reconocerse que situaciones tipo “El Niño” pueden aparentemente ocurrir en una diversidad de escalas temporales desde interanuales hasta en décadas, tanto sea sin ningún cambio en fuerzas externas como una respuesta a fuerzas externa tal un aumento del CO2”. No obstante  el tema se politiza con un sesgo inmediato de adjudicar toda responsabilidad a la actividad económica.

  1. La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de  precipitaciones, hace que  esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia[4].
  2. Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población[5].

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a  propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse  en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen  ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.

  1. Agricultura: La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme[6]. Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

  1. Los residuos sólidos se han incrementado en gran volumen como consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la producción per cápita (sobre todo plásticos y materia orgánica). Los gobiernos han dejado en manos de empresas privadas la recolección pero se han quedado con la responsabilidad de la disposición final y no han permitido que surjan incentivos para la generación de menor cantidad de residuos y de mejor calidad. En algunos casos colocan contenedores que permiten una calificación, pero como no hay mayores incentivos que la conciencia (no muy firme como se ve abajo), buena parte de la clasificación para el reciclado la realizan recolectores informales, quienes cumplen una gran función, aunque con poco orden y organización. Los desechos orgánicos no se consideran materia prima de alto valor y no son recuperados por los recicladores informales. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en basureros ilegales.

El precio del servicio de recolección no refleja los costos de la disposición final de los distintos productos, ni discrimina por cantidad. Suele estar vinculado con el valor de la propiedad, pero éste no es un buen indicador de la cantidad y calidad de basura que se genera. De esta forma el consumidor no envía señales a los productores para que mejoren la capacidad de reciclado de los envases.

Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se lleva a depósitos abiertos o a rellenos sanitarios, no recubiertos, sin protección de aguas freáticas, ni sistemas de tratamiento.

  1. El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.
  2. El impacto ambiental del consumo de energía se debe al uso de la leña a nivel doméstico, al uso de combustibles fósiles a nivel urbano por parte de los vehículos de transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero, a nivel global. El desarrollo de energía hidroeléctrica, si bien es renovable, genera también impactos ecológicos, causando inundaciones de terrenos. El potencial solar, hidroeléctrico y eólico, o de biocombustibles no compite todavía en costos con los combustibles fósiles, los Estados subsidian a algunos en lugar de desregular, reducir cargas e impuestos para que estas nuevas tecnologías prosperen. Precios subsidiados generan un consumo mayor de energía, visibles particularmente en los países productores de petróleo como México, Venezuela y Ecuador. En el caso del primero los subsidios a la gasolina alcanzan la cifra de 10.000 millones de dólares, al diesel unos 3.600 millones. También se subsidia el precio de la electricidad con el mismo resultado de un mayor consumo.

El subsidio a energías renovables, como la producción de biocombustibles, no necesariamente reduce la emisión de CO2 ni genera un menor consumo de electricidad, sobre todo cuando sus tarifas también son subsidiadas por el Estado, y desplaza también la cobertura vegetal existente, bosques o la producción de cosechas con destino a la producción de alimentos. No reduce el consumo de combustibles fósiles.

  1. La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator[7], los estándares ambientales de la CFI[8], o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals[9], la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres[10].

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

  1. La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años. En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).
  2. Conciencia ambiental. Por último, los habitantes de América Latina tienen poca conciencia ambiental, la que es un gran motivador de acciones de ambientales. Las empresas responden a la demanda existente, sobre todo en países ricos, para que se reduzca el impacto ambiental en la producción de todo tipo de bienes y servicios. No obstante, muchas empresas en América Latina han introducido ya principios de sustentabilidad.

El nivel de preocupación  y conocimiento sobre el medio ambiente  se encuentra altamente relacionado  con el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. En general, los países más ricos tienen mucha demanda de  calidad medioambiental, lo que genera una correlación positiva entre la conciencia medioambiental  y el ingreso. La disposición a cooperar en varios países de América Latina es bastante bajo. Una encuesta realizada por Latinobarómetro  en el año 2008 reveló que es muy baja la proporción de ciudadanos de cada país que elige productos medioambientalmente responsables[11]. En promedio, menos del 20% de los latinoamericanos lo hace. Además, un poco menos de la mitad de los individuos de toda la muestra considera que la protección del medioambiente esta garantizada en su totalidad o parcialmente. La probabilidad de que un individuo latinoamericano colabore, ya sea con trabajo, tiempo o dinero, para mejorar el medioambiente, es en promedio un 3% aproximadamente. En cuanto a la participación en organizaciones ecológicas, la encuesta demostró que sólo el 3% de  la población de América latina  participa en alguna.

A medida que aumentan los años de educación, mayor es la predisposición del individuo a colaborar a favor del cuidado del medio ambiente. Esto se debe a que a mayor educación, existe un mayor grado de conciencia respecto a las repercusiones de los problemas medioambientales. El acceso a Internet y otros medios de información también generan una actitud Pro-ambientalista, ya que al estar más informados, los individuos tienden a lograr mayor conciencia ambiental.


[1] Krause, Martín (1996); “Crecimiento y protección ambiental”, Libertas Nº 25, Buenos Aires: Octubre de 1996.

[2] Será un repaso inevitablemente corto e incompleta dada la magnituda y la complejidad de los problemas que abarca.

[3] PNUMA, CATHALAC & UNEP, “América Latina y el Caribe: Atlas de un ambiente en transformación”: http://www.cathalac.org/lac_atlas/image_full/Top10_LAC-Atlas.pdf

[4] Rocha, Laura, “Buenos Aires hace honor a su nombre”, La Nación, 18/12/11: “Aunque el organismo internacional indica que la media anual ideal de estas partículas debería ser de 20 microgramos por metro cúbico, los registros de la ciudad de Buenos Aires están entre los que no representan daños para la salud. De los 15 países de América latina analizados, Chile es el cuarto con mayor nivel de material particulado en la atmósfera con 62 microgramos por metro cúbico (Ug/m3), superado por Bolivia (82), Perú (74) y Colombia (71). Costa Rica cuenta con el nivel más bajo, con 28 ug/m3”.

[5] Araujo Claudio, Catherine Araujo Bonjean, Jean-Louis Combes, Pascale Combes Motel, Eustaquio J. Reis (2008); “Property rights and deforestation in the Brazilian Amazon”; CERDI, Etudes et Documents, E 2008.20.

[6] R. Negri, F. Feiguin, M. Campos, M. Walter, F. Ferreira, E. Satorre, “La Agricultura Argentina en Marcha: sus cambios e impactos con atención al uso de Glifosato y otros herbicidas”, CREA, Septiembre 2009.

[11] Clark, Ana Carolina, Natalia Melgar, María Fernanda Milans y Máximo Rossi (2011), “Percepción medioambiental de los ciudadanos latinoamericanos”, Documentos de Trabajo Nº 25/11, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

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