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La minería está en expansión y ya representa el 5 % del PIB en Argentina. Por el lado positivo, las mineras están dejando regalías, inversiones y una fuente de empleo en las provincias más necesitadas. Por el lado negativo, las mineras dejan contaminación y otras externalidades negativas sobre los pueblos. El debate está abierto.

A continuación, algunas notas y extractos que entiendo pueden ser de interés para un debate profundo. Al final, una breve conclusión.

Sobre la Ley de Inversiones Extranjeras de 1993

Federico Nacif en Página 12

En 1993, en el marco de la Ley de Inversiones Extranjeras (sancionada en 1976), se aprobó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y se suscribió el Acuerdo Federal Minero entre el Estado nacional y las provincias. De esta forma, el régimen de inversiones actualmente vigente –basado en amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales– fue diseñado y aprobado al margen de un verdadero debate político nacional. En el debate parlamentario de la Ley de Inversiones Mineras, el entonces diputado Castillo (PJ Catamarca) explicó la urgencia del momento: “Pocas veces en el mundo se dan situaciones coyunturales donde hay gran cantidad de capital que busca una inversión; ésta es una de ellas. Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto”. […]

Luego del traspaso de los recursos naturales a los Estados provinciales (art. 124 de la nueva Constitución Nacional), este proyecto funcionó como guía de acción para las reformas que faltaban. Por un lado, el ordenamiento y la unificación de los códigos de minería nacional y provinciales. Por otro, la subordinación de las Evaluaciones Ambientales a las propias secretarías mineras provinciales (Ley Nº 24.585). No se consultó, para ello, a las distintas organizaciones políticas y sociales, pero sí a las instituciones privadas interesadas (la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras), a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la ONU, y hasta empresas como Minera Alumbrera, BHP y Barrick Gold.

Menem y Kirchner sobre la minería

Laura Alvarez, también en Página 12:

“Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. […] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem. […]

El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. […] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero […] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar…”. […]

Argumentos contra las mineras:

En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua. […]

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sin embargo, ofrece en su página web varios documentos educativos respecto a la preocupación de las mineras por conservar el medio ambiente y evitar las externalidades negativas.

Beatriz S. Krom, en línea con CAEM, ha defendido la explotación minera en Argentina:

Con la llegada de los nuevos capitales de inversión y la experiencia de las empresas que hoy son grandes potencias en esa actividad, nuestro sector minero se ha concientizado y puso de manifiesto expresamente la necesidad de que este desenvolvimiento se encuentre amparado por una normativa definida con claridad y que no dependa de reglas sujetas a interpretaciones discrecionales. […]

El artículo 434 del código de minería impone al contratista la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación del ambiente, daños a personas, bienes, recursos de la zona donde se llevan a cabo las tareas de explotación y demás tareas relacionadas con ellas.

Por su parte, los miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) se comprometen a cumplir con los siguientes diez principios, buscando una mejora continua en su desempeño y contribución al desarrollo sustentable de manera de aumentar el valor de las acciones.

1. Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de gobierno corporativo.
2. Integrar los temas de desarrollo sustentable al proceso de toma de decisiones de la empresa.
3. Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos afectados por nuestras actividades.
4. Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y una sólida base científica.
5. Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad.
6. Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental.
7. Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial.
8. Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición responsables de nuestros productos.
9. Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación.
10. Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente.

El gobierno actual apoya la minería

En medio de fuertes críticas políticas, incluso de sectores ligados al kirchnerismo, el Gobierno y la propia presidenta Cristina Kirchner han cuestionado las protestas ambientalistas y defendieron la actividad minera. La jugada de ayer reafirma esa posición y busca darle un cauce institucional a la resolución de los conflictos, además de avanzar en la posibilidad de una participación mayor del Estado en el negocio. […]

Desde mi punto de vista…

La minería está ofreciendo a las provincias más necesitadas una fuente de riqueza inmensa que puede ayudar a crear empleo y reducir la pobreza en las regiones más marginales del país.

Si hasta el 2002 la explotación minera fue marginal, esto se debía a falta de capitales para invertir en la explotación. Desde entonces, cambios en la legislación y precios internacionalmente altos favorecieron al sector, lo cual generó la atracción de las empresas multinacionales líderes en la explotación minera, las cuales conocen las normas internacionales de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Está claro que hay que trabajar por cuidar el medio ambiente y existe una legislación cuyo cumplimiento es necesario para velar porque las normas de seguridad se apliquen en la extracción de recursos mineros. Es obligación de los gobiernos provinciales asegurarse de que las empresas cumplan con la normativa.

En tal sentido, no encuentro argumentos para prohibir en forma general la explotación minera. Que la explotación sea llevada adelante por empresas extranjeras debería sernos indiferentes cuando entendemos el origen cosmopolita de nuestra nación, tan bien representado en las Bases que nos legó Juan Bautista Alberdi. Que podrían obtenerse mayores regalías, es algo que se debe discutir a nivel provincial, considerando el impacto que esto tiene en las inversiones futuras dentro del sector, sabiendo que hubo un compromiso de largo plazo por no alterar dicha carga impositiva.

Pero está claro que el debate está abierto…