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ABLNo soy muy afecto a escribir sobre coyunturas por dos motivos. Primero, porque la mayoría de los columnistas lo hace y segundo porque sostengo que al efecto de influir sobre el pensamiento de fondo hay que trabajar sobre las ideas, valores y principios que están detrás de tal o cual coyuntura. Limitarse a exhibir la coyuntura se circunscribe a un trocito de la realidad del caso sin explicar nexos causales que permiten entender los daños o los beneficios de tal o cual política ni permiten contar con un panorama más amplio para escudriñar lo que ocurre.

El relato de la coyuntura no escarba en el fondo del asunto, se limita a mostrar el suceso lo cual ni siquiera puede interpretarse si no se dispone de un adecuando esqueleto conceptual. Más bien es pertinente subrayar que la buena coyuntura se dará por añadidura si se comprende y comparte la teoría que permite corregir lo que haya que corregir. “Nada más práctico que una buena teoría” ha dicho Paul Painlavé. Hay una alarmante escasez en el debate de ideas y un sobrante de comentarios superficiales de coyunturas.

Si embargo, hay coyunturas de tal gravedad que no puede eludirse su mención lo cual simultáneamente requiere detenerse en la explicación de su significado en cuanto a ideas, valores y principios que acarrean. En este caso se trata de las recientes declaraciones del gobierno argentino. Me refiero a las aplicaciones de la leyes de abastecimiento y de antiterrorismo.

En el primer caso, es el resurgimiento de la norma autoritaria impuesta en el tercer período presidencial de Perón en 1974 reeditando medidas similares de sus dos gobiernos anteriores (leyes de “agio y especulación”) con la que había amenazado varias veces durante su tercer mandato antes de ser finalmente promulgada en su gobierno, también fue utilizada primero como amenaza por el último gobierno militar para luego establecer precios máximos, en los hechos vuelta a aplicar la ley de abastecimiento por el ex Secretario de Comercio de la actual gestión gubernamental, ley que ahora se proyecta modificar acentuando aun más la grosería estatista. Se trata de una norma que permite al aparato estatal clausurar, multar, incautar mercadería, imponer márgenes operativos y precios, allanar sin orden judicial actividades comerciales, industriales y agropecuarias (es decir, confiscaciones de facto).

Resulta cansador (agotador) tener que reiterar los efectos devastadores de tales normas, las cuales vienen fracasando estrepitosamente desde 18 siglos antes de Cristo con el Código de Hammurabi y 300 años antes de Cristo en la época de Dioclesiano en la Roma antigua y siempre con la intención de encubrir los desaguisados generados por los gobiernos a través de controles absurdos que ellos mismos imponen y la falsificación monetaria que provocan.

Veamos sumariamente los efectos que generan los precios máximos (“precios cuidados” le dicen ahora en los pasillos burocráticos argentinos) ocurridos en todos lados y en todas las circunstancias que en las que se han aplicado.

Primero, al bajar artificialmente el precio se expande la demanda. Segundo, sacando una fotografía de ese instante por el hecho de incrementarse la demanda no aumenta la oferta por lo que aparece faltante artificial. Tercero, los productores marginales (los menos eficientes) incurren en quebrantos por lo que se retiran del mercado. Cuarto, debido a lo señalado en el punto anterior se contrae la oferta con lo cual se intensifica el referido faltante artificial. Quinto, se alteran los precios relativos convirtiendo a otros reglones en más atractivos artificialmente (es decir, los bienes sujetos a los precios máximos son generalmente de primera necesidad y, sin embargo, aparecen artificialmente como menos atractivos debido a los precios políticos achatados). Y sexto, surge el mercado negro al efecto de abastecer el mercado (con precios que incluyen la prima por el riesgo de operar en ese campo).

En no pocas ocasiones se sostiene que en medio de una catástrofe debe hacerse una excepción e imponerse precios máximos. Por ejemplo frente a una epidemia se sugiere establecer precios máximos a productos farmacéuticos. Pero incluso en este caso lamentable, si el aparato estatal se entromete estableciendo precios máximo se reproducirán los efectos apuntados. En otros términos, debido a esa política no estarán disponibles los fármacos para los que lo demandan (demanda es necesidad más poder de compra) y no solo eso sino que se estará comprometiendo el futuro ya que por lo dicho disminuirá la oferta, lo cual significa que se estará matando a más gente. Es que cuanto más desesperante sea la situación, más razón para que los precios pongan de manifiesto la realidad. En resumen, las leyes de “abastecimiento” desabastecen.

Por otra parte los “precios” políticos no son precios, son simples números que dicta la autoridad ya que un precio expresa las valorizaciones cruzadas entre compradores y vendedores. El llamado precio político no es relevante al efecto contable o para la evaluación de proyectos. Cuanto más se aparte del precio real, menor será la posibilidad de cálculo económico.

La otra ley aludida -la antiterrorista- promulgada por el Parlamento argentino en 2007 y ampliada en 2011 e incrustada en el Código Penal se refiere a varios asuntos como para ocultar el eje central de esa norma cual es las penas por “aterrorizar a la población”, pero henos aquí que no apunta a terroristas (como algunos pone-bombas de los que han ejercido y ejercen funciones gubernamentales sin haber redimido sus delitos) sino que hace de operación pinza con la ley de abastecimiento para combatir a los que se oponen al gobierno o los que no proceden del modo que agrada a los gobernantes sin que las personas a las que se pretende aplicar esta ley hayan cometido delito alguno, esto es, sin que se hayan lesionado derechos de terceros.

Esto se ve por la aplicación en línea con esa norma en el caso de un periodista de Santiago del Estero y se constata con el caso de una empresa que se declaró en quiebra y por tanto ha debido despedir a su personal (cuando hay operaciones fraudulentas, es otro el canal comercial y penal que pretender por la “ley antiterrorista” que el tribunal revoque el auto de quiebra). Ahora parece que esto -anunciado con bombos y platillos por cadena nacional- quedará sin efecto debido a que el ridículo resultó patente, pero de todos modos el anuncio debe poner en guardia a empresarios que por la difícil situación por la que atraviesa el país se vean amenazados por tener que despedir personal, a protestas varias que intentan ser bloqueadas y, debido a reiterados ataques a la prensa independiente, debe poner en guardia periódicos que con sus informaciones fidedignas pueden “aterrar a la población”.

Lo que verdaderamente aterra es la conducta de los actuales gobernantes que han acentuado el populismo que viene aplicándose en el país desde hace siete décadas. El gasto público astronómico, los impuestos insoportables, el déficit astronómico, la inflación galopante y las regulaciones asfixiantes provocan terror en la población diariamente junto con la inseguridad también aterradora lo cual se extiende a no pocos ámbitos de la justicia.

Es por cierto muy desafortunado que hayan “constitucionalistas” que se pronunciaron contra la ley antiterrorisata en el sentido de que “no aplica” al caso de la mencionada empresa que se declaró en quiebra y se retiró del país, puesto que lo que no aplica es la existencia misma de semejante ley en el aspecto referido.

Estas dos leyes propias de un gobierno autoritario tienen su raíz más cercana en el chavismo con los horrendos efectos que son del dominio público. Estos ataques a las bases de la sociedad abierta deben ser repelidos con la mayor energía. Lamentablemente se ha visto la cobardía de muchos empresarios-aplaudidores (muchos pseudoempresarios amigos del poder que operan sustentados en privilegios y mercados cautivos que explotan a la gente) y respecto al rol esencialísimo del cuarto poder, da tristeza que ciertos periodistas mendiguen pautas oficiales de publicidad a raíz de la discriminación desde el poder, en lugar de combatir la existencia fascista de agencias estatales de noticias, tema sobre el cual personalmente he mantenido discusiones fértiles con algunos editores.