Etiquetas

,

En un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, La Nación comenta los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Como el informe del Índice de Calidad Institucional 2013 también consideraba los principales problemas ambientales, aunque en este caso eran 11 y se referían a toda América Latina, era bastante sencillo comparar un caso con el otro.

De los 10 temas presentados por la Fundación, hay 8 que también se consideran en el informe: agua, residuos, energía, minería, bosques, glaciares, pesca comercial y fauna silvestre. Los que no están, aunque se mencionan en otros puntos son áreas protegidas y leyes ambientales. Y los que no tiene el informe comentado son cambio climático (tal vez porque se atiene a los problemas locales), contaminación del aire (es raro que esto no se haya incluido), agricultura, asentamientos urbanos informales y conciencia ambiental.

Pero la diferencia más importante no está en los ítems que se consideran sino en el enfoque. El de la Fundación es predominante en el área de los estudios ambientales. Está claro que el ambiental, como otros, no es un problema que deba ser analizado desde una sola perspectiva, y es claro también que tienen componentes históricos, sociológicos, culturales, etc. Eso no se puede negar. Pero tampoco se puede negar que tiene componentes económicos. Y estos brillan por su ausencia en el artículo. No hay una sola referencia a derechos de propiedad o precios. He aquí la gran diferencia con el informe del Índice.

Una frase del director de la Fundación señala correctamente la necesidad de considerar incentivos: “No se puede recurrir solo a la buena voluntad de la gente para cuidar el medio ambiente”.

Correcto, la voluntad (vinculada con la conciencia del problema) es muy importante. Nosotros diríamos que nada mejor que apuntalar la voluntad con incentivos económicos, con premios y castigos monetarios, como los imponen los derechos de propiedad y los precios.

Porque, ¿no hay acaso un problema de precios en el del agua o la energía que se consumen. Políticas populistas han mantenido esos precios bajos por años con el objetivo de favorecer el bolsillo del consumidor, pero esto hace que no se “economicen” esos recursos. Si no hay mucho que pagar no hay mucho incentivo para ahorrar en el consumo de agua o energía.

Dadas las soluciones que el informe plantea, la correcta frase de que no se puede recurrir solo a la buena voluntad parece concluir que hay que recurrir al garrote de las leyes, regulaciones y el poder del estado. Sin embargo lo que aparece planteado en el ICI 2012 es que puede haber incentivos económicos. No hace falta el látigo de la norma cuando hay que asumir el costo de las decisiones que se toman.

En posts futuros compararé las soluciones regulatorias propuestas por este informe con las que se proponen en el informe del ICI.