A fines de Noviembre, los votantes suizos podrán decidir, en una consulta popular, si obligan a su banco central a revertir la venta de oro de sus reservas. Comentaré esto en un post mañana. En este post, el economista Bruno Frey analiza las bondades de la “democracia directa” en ese país (La relación entre la eficiencia y la organización política, Libertas 23):

“La iniciativa es una institución especialmente importante porque les quita a los políticos el poder monopólico para establecer un orden de prioridades en el tratamiento de los temas y hace posible para los que “están afuera” proponer asuntos para la toma de decisiones democrática, incluyendo aquellos que los políticos preferirían no plantear, tales como los que se relacionan con sus ingresos, sus privilegios y su poder discrecional.

El caso de Suiza demuestra que la democracia es realmente efectiva para romper -al menos en parte- la coalición de los políticos contra los votantes. Es preciso tener en cuenta que en las democracias representativas resulta mucho más difícil detectar la existencia de una coalición semejante, porque los costos que los ciudadanos deben pagar para expresar sus distintas preferencias son mucho mayores: o bien deben recurrir a la protesta informal, difícil de organizar y que rara vez adquiere relevancia política, o tienen que esperar a la próxima elección, momento en el cual también les resultará difícil plantear demandas específicas o asuntos sustanciales. Por otra parte, en Suiza los ciudadanos pueden participar regularmente en las decisiones políticas por medio de referenda a nivel federal, cantonal o comunal. Entre 1848 y 1990 hubo, sólo a nivel federal, 147 referenda obligatorios (acerca de asuntos constitucionales), 103 referenda optativos (respecto de leyes) y 104 iniciativas (que fueron instituidas en 1891), y muchos más en los otros niveles (véase, e.g., Hertig, 1984, un informe sobre el sistema de referéndum de Suiza). Específicamente, los votantes tornaron en referenda las siguientes decisiones de los políticos, a las que ya nos hemos referido y que redundaban claramente en beneficio de éstos últimos:

1) En 1918 los ciudadanos adoptaron el sistema de voto proporcional para el parlamento (el Nationalrat), rechazado por los políticos que entonces ejercían el poder. En las elecciones siguientes, el partido radical-democrático perdió no menos del 40 por ciento de sus bancas.

2) Una iniciativa popular tomada en 1946 logró que las leyes federales “urgentes” fueran sometidas a un referéndum obligatorio en el plazo de un año.

3) La propuesta de que Suiza pasara a integrar las Naciones Unidas fue rechazada mediante un referéndum por no menos del 76 por ciento de los votos.

En todos estos casos, los políticos que estaban en una posición de poder en el gobierno y en el parlamento habían tomado formalmente una decisión contraria y habían propuesto formalmente a los ciudadanos que la apoyaran. Sin embargo, los ciudadanos, que no estaban preparados para una determinación favorable a la coalición de los políticos, optaron por reducir el poder de ésta.

Además, los estudios econométricos representativos realizados respecto de Suiza (Pommerehne, 1978, 1990) revelaron que las decisiones políticas sobre la provisión de bienes públicos corresponden más a las preferencias de los votantes cuanto más ampliamente desarrolladas se encuentran las instituciones que regulan la participación política directa. Como los que soportan el costo de las actividades gubernamentales no son los políticos sino los contribuyentes individuales, no es sorprendente que en las comunidades políticas cuyas instituciones de participación democrática directa están particularmente bien desarrolladas, el gasto público es, ceteris paribus, menor.

Los referenda no sólo son útiles para quebrar la coalición de los políticos destruyendo su monopolio sobre las prioridades en el tratamiento de los asuntos, sino también para centrar la discusión política en temas de importancia sustancial. La consecuencia de esto es que los ciudadanos pueden acceder a información libre de cargo.

A menudo la idea del referéndum es rechazada, especialmente por los intelectuales,porque se cree que los ciudadanos carecen de la inteligencia y de la educación suficientes como para tomar una decisión razonable acerca de los asuntos políticos; los que así piensan están de acuerdo en que esa tarea corresponde a una élite. En lo que respecta a Suiza, un experto en ciencias políticas expresa la opinión, generalizada entre los científicos sociales, de que la democracia fundada en el referéndum “reduce la eficiencia de la acción de gobierno y la capacidad de innovar” (Hertig, 1984, pp. 254-255; la traducción me pertenece). Si se consideran las preferencias individuales como la base normativa para la evaluación, esta acusación es inaceptable, porque da por sentado que existe una “voluntad social” independiente, según la cual la “eficiencia” y la “innovación” del gobierno son buenas en sí mismas. Sin embargo, desde el punto de vista individualista, este tipo de actividad tecnocrática muy bien puede ser incompatible con las preferencias de los ciudadanos, y en ese caso la “eficiencia” y la “innovación” son más perjudiciales que beneficiosas. Por supuesto, hay lugar para una élite aun en una democracia directa, sobre todo para ultimar los detalles y evaluar las consecuencias de los diversos asuntos políticos en curso.

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