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Las políticas económicas de los años 90 han sido condenadas con epíteto de “neoliberales”, pero resulta que los “liberales” han sido críticos de muchos aspectos de esas políticas. He aquí un ejemplo. Juan Carlos Hidalgo, Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute analiza el caso de Costa Rica, donde estuvimos en estos días en un seminario organizado por ese instituto.

El Informe se titula “Crecimiento económico sin reducción de pobreza: el caso de Costa Rica”:
“A principios de los años ochenta, Costa Rica, al igual que gran parte de América Latina, sufrió su peor crisis económica en décadas. Entre 1980 y 1982 la economía se contrajo en un 9,4%, y en 1982 la inflación promedio alcanzó un 90,1%. En solo dos años la proporción de la población viviendo debajo de la línea de pobreza se disparó en más de 20 puntos porcentuales a un 54%. Múltiples factores causaron esta crisis, incluyendo el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones — un modelo proteccionista que buscaba reemplazar las importaciones industriales con productos domésticos. A través de los años, este modelo incentivó la creación de numerosas e ineficientes empresas estatales, cuya creciente carga financiera colapsó al Estado. Para 1980, el gasto público ascendía al 54% del producto interno bruto (PIB).

El país también se enfrentaba a un grave deterioro de los términos de intercambio, al dispararse el precio del petróleo al mismo tiempo que se desplomaba el precio de los pocos productos de exportación (principalmente café, azúcar, carne y banano). Al tiempo que la inversión extranjera directa dejó de llegar, el déficit de cuenta corriente se disparó en 1980 hasta un 12,6% del PIB. El entonces presidente Rodrigo Carazo (1978-1982) decidió recurrir al financiamiento externo para mantener el tipo de cambio fijo. La deuda externa de Costa Rica se cuadruplicó durante su mandato. Sin embargo, un aumento en las tasas de interés internacionales agravó la situación al subir el costo de financiamiento del Estado. En lugar de reducir el gasto público y deshacerse de empresas estatales onerosas, Carazo eligió hacerle frente a las deterioradas finanzas estatales mediante la impresión de dinero. Eventualmente, el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda. La inflación aumentó vertiginosamente, enviando a cientos de miles de costarricenses a la pobreza.

Gobiernos subsiguientes implementaron reformas orientadas a la transición del sistema de sustitución de importaciones, que había estado en vigor desde la década de los sesenta, hacia un modelo orientado a la exportación. Una de esas reformas políticas clave fue la introducción de un régimen cambiario basado en minidevaluaciones diarias del colón, la moneda nacional. La meta original era proporcionar mayor seguridad a los exportadores para sus inversiones mediante la estabilización del tipo de cambio real. Sin embargo, a partir de 1999 el sistema de minidevaluaciones sirvió para aumentar cada vez más la competitividad del sector exportador mediante la subvaluación de la moneda nacional, reduciendo el precio de los bienes de exportación. Este sistema de minidevaluaciones también impulsó el sector turístico, que se ha convertido en la industria más importante de Costa Rica.

En la década de los noventa, Costa Rica implementó reformas adicionales: estableció zonas francas en las cuales las empresas gozan de un régimen libre de impuestos, siempre y cuando su producción fuera con fines de exportación únicamente. Gracias a estos y otros incentivos, en 1997 Intel eligió a Costa Rica como sede de una de sus plantas de microchips. Poco después, los semiconductores y accesorios informáticos reemplazarían al banano y al café como los principales productos de exportación del país. En la década de los 2000 otras compañías tecnológicas, farmacéuticas y de servicios siguieron su ejemplo invirtiendo en zonas francas costarricenses.

A mediados de la década de los noventa, Costa Rica también comenzó a negociar acuerdos de libre comercio, cuyo objetivo principal era abrir nuevos mercados para sus exportaciones. El país ahora cuenta con acuerdos de libre comercio con México, Chile, Perú, Panamá, el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), la Comunidad del Caribe, la República Dominicana, EE.UU., Canadá, China, Singapur y la Unión Europea. Pronto entrarán en vigencia acuerdos con Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). Como resultado de estas reformas, el valor de las exportaciones como porcentaje del PIB pasó de 27% en 1985 a 49% en 2007 — el año anterior a la crisis global financiera. (La cifra se redujo notablemente después de la crisis y equivalía al 37% del PIB en 2012).1

A finales de los ochenta y durante la década de los noventa la economía costarricense también acometió reformas estructurales importantes: la mayoría de las empresas estatales fueron privatizadas, aunque el Estado mantuvo sus monopolios en electricidad, telecomunicaciones, refinamiento y distribución de petróleo, seguros y producción de alcohol.2 A los bancos privados se les permitió operar cuentas corrientes, pero el Estado mantuvo la propiedad de los cuatro bancos más grandes. Los aranceles sobre muchos bienes de consumo fueron eliminados o recortados significativamente: mientras que en 1985 la tasa promedio arancelaria era del 55%, en el 2000 fue sólo del 5,4%— donde permanece hasta el día de hoy.3

Estas reformas contribuyeron a una mejora significativa de Costa Rica en cuanto a libertad económica. El país pasó del puesto 62 en 1985 (entre 109 países) en el índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, al puesto 23 en 2005 (entre 123 países).4 La economía creció en promedio 4,7% anual desde 1987, una de los tasas más rápidas de América Latina.

El déficit social del modelo

A pesar de la liberalización económica y las robustas tasas de crecimiento, Costa Rica no ha sido capaz de reducir significativamente el nivel de pobreza en los últimos 20 años. La proporción de familias viviendo por debajo de la línea de pobreza cayó, a principios de los noventa, a un 20%, pero desde entonces se ha mantenido relativamente estable con algunos altos y bajos. En 2013 la tasa de pobreza era de 20,7%5 (ver Figura 1). De forma preocupante, la desigualdad aumentó en la última década; Costa Rica fue uno de tres países de América Latina donde esto ocurrió desde el año 2000. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Índice de Gini de Costa Rica, una medición de desigualdad, subió de 0,47 en el 2000 a 0,50 en el 2011.6

El pobre desempeño de Costa Rica en los indicadores sociales se da a pesar de tener una gran cantidad de programas destinados a la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en 2010 el gobierno gastó 2,2% del PIB en 44 programas antipobreza,7 y esta cifra no incluye otros programas sociales de gran tamaño como la seguridad social y el seguro médico. Según la CEPAL, el gasto social de Costa Rica se encuentra entre los más altos de América Latina como porcentaje del PIB.8 Hay algo definitivamente mal en un modelo económico que genera buen crecimiento pero es incapaz de disminuir la pobreza.

En realidad, el modelo económico de Costa Rica se encuentra en gran medida basado en un sistema mercantilista que está sesgado en favor de ciertos sectores de la economía. Una mirada a tres políticas económicas importantes hace esto evidente.