Después del debate que se armó esta semana al respecto, lo conveniente sería, tal vez, no decir nada más, pero no me he pasado la vida, precisamente, diciendo lo conveniente.

El tema despierta pasiones, pero bueno, aquí voy.

No es cuestión de condenar sin distinciones el pasado de la Iglesia y el uso de su poder temporal. Hay que recordar en primer lugar que si hubo algo que cortó de raíz la idea de un poder temporal como expresión de la divinidad, fue el Judeo-Cristianismo, como bien recuerda Ratzinger en su Introducción al Cristianismo. Pero el poder político, como tal –que no es lo mismo que “el estado”- no fue condenado por Jesucristo. Es comprensible, por ende, que después del Edicto de Constantino, el entusiasmo por una Roma “cristianizada” comenzara una relación entre Iglesia y poder temporal que dura casi 17 siglos. Por lo demás, la Iglesia cumplió, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, una función temporal subsidiaria, civilizadora, que explica que el Renacimiento Carolingio fuera un renacimiento “cristiano” porque toda Europa era ya cristiana. Ya en la Alta Edad Media, no se puede hablar de “estado” como hablamos hoy. La Iglesia no tenía un estado en ese sentido, sino que era el criterio de legitimidad del Emperador –un criterio clerical, si-. Las cosas hubieran evolucionado de un modo tranquilo en otro universo paralelo: Santo Tomás afirma tranquilamente que un reino NO cristiano puede ser “bueno” y la Segunda Escolástica comienza a establecer una teoría católica de la des-clericalización del poder –aparte de sus contribuciones a la economía de mercado-. Pero nuestro universo fue otro. La lucha armada entre católicos y protestantes, más el surgimiento de las monarquías nacionales, impidieron una fina evolución de la doctrina escolástica. Los reyes imponían su credo a tu territorio como modo de solucionar la contienda entre ambas denominaciones cristianas, y la circunstancia histórica no estaba preparada para nada más. Los territorios pontificios quedaron como una monarquía absoluta más, a la defensiva, además, frente al laicismo de la Revolución Francesa y el avance del Imperio Napoleónico.

Finalmente, como sabemos, Garibaldi avanza sobre los territorios pontificios y Pío IX se declara prisionero del “estado” Italiano, “estado” ahora en términos de estado-nación, algo inconcebible anteriormente.

La “cuestión romana” tarda décadas en cicatrizar. Como todos sabemos Pío IX firma el tratado de Letrán con Mussolini de lo cual surge el “estado pontificio” actual, casi una ficción, pero que da a la Iglesia del s. XX la libertad de movimientos y autonomía que necesitaba.

El advenimiento del Vaticano II pone muchas cosas en su lugar desde el punto de vista de Estado e Iglesia, teniendo en cuenta que se habla ya de un estado-nación post-Revolución Francesa. Siguiendo una línea de pensamiento que surge con “mi reino no es de este mundo”, afirmada por Gelasio I, la Segunda Escolástica y con mucha sutilidad por León XIII (siguiendo a Mons. Dupanloup) y por Pío XII, el Vaticano II distingue con mucha claridad entre las esferas de la Iglesia y del estado, afirma la autonomía relativa de lo temporal, coloca a los derechos personales como el criterio de legitimidad de cualquier poder y declara solemnemente el derecho a la Libertad Religiosa. Pero eso no es todo: hablando en un lenguaje que aún no ha pasado a la praxis, distingue con precisión entre jerarquía y laicos, afirmando al mundo político como el mundo directo de estos últimos: son estos los que están llamados a la santidad en la familia, en el trabajo, en la política,  en un mundo donde las repúblicas democráticas tienen criterios de elección de poder que no dependen ya para nada de la Jerarquía de la Iglesia, permitiendo a esta última, por ende, un carácter más profético de su ministerio, despojada de las ataduras temporales de antaño.

Así las cosas, ¿no ha llegado el momento de pensar, al menos de pensar, si el próximo paso en esta evolución no sería el desprendimiento de la Iglesia de su simbólico actual “estado”, que la ata demasiado a cuestiones diplomáticas, a una política que propiamente debe ser ejercida por los laicos en el ejercicio de sus derechos, en los diversos estados, y no por un jefe de estado de un estado pontificio?

¿No sería esta la gran reforma que estamos esperando, en vez de supuestos cambios en un Depositum fidei, depósito de la Fe que el Vaticano II nunca negó, sino siempre afirmó?

¿No sería este paso el que daría a la Iglesia una plena autoridad moral para moverse en un mundo tan afectado por las luchas de poder?

¿No sería un gran acto de Fe, al abandonarnos plenamente a la indefectibilidad de la Iglesia, que NO depende de un estado, de un territorio, de un banco, sino sencillamente de la promesa de Cristo, cabeza de la Iglesia?

Creo que es el tiempo de pensarlo. De hacerlo, no sé, pero al menos de pensarlo y de dialogarlo con calma.