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Los alumnos de la materia “Applied Economics” de SMC leen los dos primeros capítulos del libro “El Foro y el Bazar”. Claro, la materia es “economía aplicada” pero se encuentran allí con un problema que es, en verdad, de naturaleza casi filosófica.

Se trata de definir qué es una “sociedad” y si puede hablarse de algo como el “bienestar común”, que guíe la toma de decisiones colectivas. En ese sentido, me parece que el Derecho ha avanzado poco y presenta definiciones muy poco precisas. En un post reciente, una alumna presentaba una definición de “servicio público” así: “un servicio se considera público cuando su finalidad es atender una necesidad de la sociedad en su conjunto”. Parecería de allí derivarse una definición de “bienestar común” como aquél en que la sociedad mejor satisface sus necesidades en conjunto.

Pero es inevitable preguntar: ¿qué significa satisfacer una necesidad en conjunto? La “sociedad” no existe como un ser aparte de los miembros que la componen, por lo que se hace necesario definir qué significa eso de “en conjunto”. ¿Quiere decir todos, una cierta mayoría? ¿Y cómo sabemos cuál es esa necesidad de la sociedad en su conjunto? En general, veo que los alumnos de Derecho llegan con una visión “normativa” del asunto: es lo que el Estado “debería” hacer, claro, si los políticos fueran ángeles. Pero no hay una pregunta profunda y una explicación concreta de lo que “es” tal como el bienestar general.

En ese sentido, la economía parece haber avanzado un poco más y, al menos, haber presentado una definición que permite avanzar algo en la discusión. Se trata del “óptimo de Pareto”. En términos simples, una situación es más ‘eficiente’ que otra si algunos han podido mejorar su situación, sin que empeore la situación de los demás. Y se alcanzaría un óptimo cuando ya no puedan algunos mejorar su situación, sin empeorar la situación de los demás. Ese óptimo podría ser el “bienestar general” del que hablan los alumnos de Derecho.

No parece una definición muy precisa pero, al menos, los economistas han precisado algo: que ese óptimo se alcanza en el punto de equilibrio, donde se cruzan las curvas de oferta y de demanda, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Dicho de otra forma: cuando se ha agotado todas las oportunidades de intercambio, los bienes o servicios han quedado en manos de quienes más los valoran y se ha alcanzado el máximo de superávit de los demandantes y de los oferentes. Ambas partes en los intercambios han ganado…, sin que empeore la situación de los demás.

Ahora bien, a partir de esta definición la economía ha seguido dos caminos que llevan luego a conclusiones “aplicadas” bien distintas: por un lado, la mayoría de los economistas entiende que los mercados no alcanzan ese punto óptimo debido a la existencia de todo tipo de “fallas”, y de allí saltan a proponer que el Estado y la política sean los que van a superarlas, acercando la posición al óptimo. Por otro, autores como Mises o Hayek quienes señalan que el modelo ideal de los mercados en equilibrio es útil solamente para entender cómo la realidad no es, para remover de a poco algunos de sus supuestos y acercarnos al funcionamiento real de los mercados. Uno de ellos es el supuesto del conocimiento perfecto por parte de todos los participantes en el mercado, que es imperfecto y se encuentra disperso entre todos sus participantes. Desde ese punto de vista, el mercado por cierto que es imperfecto porque no hay nada “perfecto” en un mundo de limitaciones pero el mercado es un extraordinario mecanismo para transmitir y aprovechar ese conocimiento limitado y disperso y, en todo caso, hay que remover las barreras para que pueda cumplir esa función adecuadamente.

Por último, que las llamadas “fallas de mercado” (competencia imperfecta, externalidades, bienes públicos, información asimétrica, etc.) existan no implica que la política las vaya a solucionar mejor de los arreglos institucionales que las mismas sociedades desarrollan para hacerles frente. Es decir, no hay una única solución (política) sino que nos encontramos en un entorno de análisis comparativo de marcos institucionales diferentes, donde pocas veces la política supera a los arreglos de tipo voluntario, comunitario o cooperativo.