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En los últimos días Carlos Zannini, alto funcionario del kirchnerismo en Argentina y candidato a Vice-Presidente de Daniel Scioli por este movimiento, sufrió diversos repudios sociales rápidamente calificados de “escrache”. Esta actitud fue a su vez ampliamente rechazada.

Viendo las reacciones al “escrache” en un limitado Tweet the 140 caracteres (y similar breve post en Facebook) donde hice mención a que el “escrache” no era por diferencias de opinión política, sino por su actitud en el gobierno de mentir, usar el monopolio de la fuerza para intimidar al ciudadano, etc. Entiendo como se puede haber interpretado a una justificación al escrache, lo cual no era el objetivo del Tweet, sino llamar la atención al problema de fondo que se está ignorando. Salvo notas como la de Dardo Gasparre, en general se sobre simplifica el problema al punto de obviar el problema de fondo.

En primer lugar, el término “escrache”, ya de por sí notablemente denostado, está mal aplicado. Escrache es cuando un grupo de personas se dirige al domicilio, o localidad de una persona, con el fin de presionarlo o humillarlo públicamente. Un escrache reciente es, por ejemplo, lo que hicieron los taxistas en Buenos Aires con los conductores Uber al salir a buscarlos con una actitud violenta. En los dos casos de Zannini, los manifestantes no fueron a buscarlo a su domicilio u oficina, sino que lo encontraron y se manifestaron “espontáneamente” en contra. Escrache sería también, entonces, el rechazo social que perciben los ex-funcionarios kirchneristas que no pueden salir de sus casas. Estos son dos problemas distintos y el rechazo (correcto o no) al repudio público a Zannini debe ser por los motivos correctos.

En segundo lugar, los casos como el de Zannini reflejan un mecanismo social de auto-defensa. El rechazo a Zannini no fue por meras diferencias políticas o de opinión, fue por ser un autoritario disfrazado de demócrata que uso al poder del estado en contra del ciudadano. Cuando el Poder Legislativo y Judicial, cuyo rol republicano es limitar y controlar el Poder Ejecutivo no cumplen su rol, al ciudadano le quedan dos opciones. Someterse al autoritario por no “rebajarse” a “escrachar”, o defenderse cómo y cuánto puede.

Tomemos un ejemplo geográficamente alejado y más extremo para resaltar el problema de fondo. Supongamos que mañana cae el régimen dictatorial de Castro. ¿Podemos condenar categóricamente al cubano que insulta a Raúl Castro si se lo encuentra mañana en la calle, quiere que se baje de su avión con destino a un país del primer mundo mientras en el gobierno Castro disfrutaba de todos los lujos a costa de explotar a este vecino? ¿Quien le devuelve al Argentino sus 12 años de vida bajo el autoritarismo K?

¿Que responsablidad le cabe, entonces, al Poder Legislativo y Poder Judicial cuando se observan casos como el de Zannini? Cada uno podrá tener su opinión sobre si está bien o mal el repudio público a quienes llevan adelante gobierno autoritarios que no responden en tiempo y forma ante el Poder Judicial, pero lo importante es entender el problema de fondo para que el “correctismo político” no nos lleve a repetir un proyecto populista al eludir el problema de fondo. Cuando las instituciones republicanas no funcionan, queda en la sociedad defenderse o someterse. De allí mi insistencia personal por enfatizar las lecturas institucionales de las decisiones de gobierno (como lo hice, por ejemplo, en el caso de Uber o la bancarización forzosa) por sobre el puro análisis económico de costo-beneficio.