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Esta nota intenta aclarar la dimensión de la herencia. Notará el lector que ha habido avances parciales en algunos campos, pero que aún resta mucho camino por recorrer en este proceso de normalización de la economía argentina.

1.
       Sobreempleo público
En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61 %, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial el incremento fue del  72 %, desde 1.7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal la suba fue del 110 %, pasando de 379.000 en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77 %, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.
En América Latina la relación Empleo Público / Población Económicamente Activa apenas supera el 10 %. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 %. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas, y una traba fundamental para la creación de empleo.
Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos, y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.
 
2.       Excesivo gasto público
Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15 % en 2003 hasta el 36,7 % en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2 % en 2003 hasta superar el 50 % en 2015.
La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.
 
3.       Presión tributaria récord
La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33 hasta el 45,5 % del PIB. A nivel nacional se observa un salto desde el  19,21 % del PIB en 2003 hasta el 39 % en 2015. A nivel provincial el salto, en el mismo período, fue desde 3,82 hasta el 5,60 % del PIB. A nivel municipal el salto fue de 1,3 a 1,75 % del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.
Resulta paradójico que se argumente que el estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.
 
4.       Enorme déficit fiscal
Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que aun exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8 % de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con ANSES o PAMI entonces el déficit fiscal es del 7,66 %. Son prácticamente 300.000 millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, dejando al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna, y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.
 
5.       ANSES descapitalizado
ANSES es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las AFJP, ANSES “recuperó” entre 30.000 a 40.000 millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la PEA se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar ANSES para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, descapitalizando las cajas de retiro y provocando una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de tratarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.
 
6.       Alta inflación
La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con ANSES o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30 % respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 %. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Macri a la presidencia.
La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas, volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como  consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.
 
7.       Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas
El gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo gobierno, con un “reacomodamiento” difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.
 
8.       Cepo cambiario
Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del BCRA desde poco más de 50.000 a menos de 30.000 millones de dólares, con las conocidas discusiones aun abiertas acerca de la composición de las mismas, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.
Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.
El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, estancando a las economías regionales y paralizando al sector industrial.
 
9.       Aislamiento y déficit en infraestructura
El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32.000 millones de dólares durante el gobierno de Néstor Kirchner, 60.000 millones de dólares durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y 63.500 millones de dólares durante su segundo gobierno. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.
A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, comprometiendo la capacidad productiva de la Argentina que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.
 
10. Estancamiento económico o recesión.
Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015, y que repercute también en un parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.