ABLAnte el campo minado que recibió de herencia, el Gobierno busca resolver el déficit fiscal y la inflación; en su empeño, no debería perder de vista que el problema central es el tamaño desmedido del aparato estatal.

A veces, en el fragor del debate sobre temas coyunturales se alteran las prioridades y se mezclan conceptos. En medio de estas trifulcas, se suele perder la visión del eje central del problema analizado.

En el caso argentino, por momentos parece que se desdibujan el aspecto medular y la raíz del populismo: la dimensión colosal del aparato estatal, que no sólo encoge los bolsillos de la gente, sino que comprime las libertades individuales al arrogarse funciones impropias de un sistema republicano. A su vez, al abrir cauces a la discrecionalidad del poder, favorece la corrupción.

El estatismo superlativo ha impregnado la historia argentina de las últimas décadas de modo creciente, ya sea gobernados por un signo político u otro; en todos los casos se produjo un salto cuántico en los gastos públicos (para no decir nada de los regímenes militares). Estos deterioros han sido acompañados por desórdenes presupuestarios debido a que las erogaciones estatales no han podido cubrirse con las altísimas cargas tributarias y con el pesado endeudamiento gubernamental interno o externo, por lo que se ha recurrido a la expansión monetaria.

Sin duda, la inflación constituye un cáncer de la mayor magnitud, así como, por su parte, el déficit fiscal representa un signo de pésima gestión económica.

Dicho esto, estimo de la mayor importancia subrayar que estos dos fenómenos no son el problema de fondo del populismo. Más aún, en la historia ha habido y hay gobiernos totalitarios que no han recurrido ni al deterioro monetario ni al déficit en las cuentas públicas, pero que, por definición, han agrandado el aparato gubernamental y consecuentemente han asfixiado a la gente del modo más brutal. El caso del actual gobierno de Ecuador muestra que, a pesar de los ataques a la libertad de prensa, su acendrado intervencionismo en los mercados y el reiterado daño a los marcos institucionales republicanos, la situación monetaria no se ha agravado debido a que, en su momento, se estableció la dolarización.

Según Lavrenti Beria, Stalin tenía la manía de mantener en orden las cuentas fiscales (en medio de sus masacres y atropellos). Lo mismo relata Huber Matos respecto de Fidel Castro y su obsesión por las finanzas públicas, es decir, que no salieran más recursos de los que entraban en las arcas de su sistema tiránico. Claro que en ambos casos lo de “finanzas públicas” es una expresión impropia, ya que aquellos megalómanos las trataban como si fueran privadas.

Esto no implica subestimar los problemas enormes que generan tanto el déficit fiscal como la inflación monetaria. Se trata de poner el problema en perspectiva y de centrar la atención en los muchos perjuicios de contar con un Estado elefantiásico que carcome ahorros y extiende sus tentáculos a todos los recovecos de la vida de los gobernados. En esta línea, el premio Nobel en Economía Milton Friedman ha afirmado que es mejor un gobierno que gasta poco con déficit fiscal que otro inflado en sus gastos y con cuentas equilibradas.

En nuestro país, el actual gobierno no ha resuelto aún el tema del déficit fiscal (más aun, lo ha incrementado desde que asumió) ni la inflación monetaria. Con relación a esto, es pertinente formular algunas reflexiones que tal vez ayuden a que decanten algunos conceptos clave en la materia.

Se dice que la inflación monetaria es el aumento general de precios. Esto no es correcto: si todos los precios aumentaran de modo generalizado -y tengamos en cuenta que el salario es un precio-, no habría problemas con la inflación. Si los precios se elevaran en un 50% mensual y los salarios lo hicieran en el mismo porcentual, no ocurrirían distorsiones entre precios e ingresos. Seguramente, habría que modificar los dígitos en las calculadoras, las columnas en los libros contables e incluso habría que transportar el dinero en carretilla, pero no se sucederían los problemas característicos de la inflación.

Es que aquella definición adolece de dos equivocaciones mayúsculas. En primer lugar, los precios no aumentan de modo uniforme, sino que se trata de la distorsión en los precios relativos; en segundo lugar, no es ésta la causa de la inflación, sino su efecto más perverso; la inflación es la expansión monetaria por causas exógenas al mercado, a saber, las decisiones políticas fruto de las manipulaciones de la banca central. Estas distorsiones en los precios relativos desfiguran las únicas señales que tiene el mercado para operar, lo que induce al desperdicio de capital, que, a su turno, hace que se contraigan salarios e ingresos en términos reales, puesto que las tasas de capitalización constituyen la única explicación para la mejora en el nivel de vida.

En nuestro medio también se han hecho desafortunadas declaraciones en cuanto a que las subas en los precios son responsabilidad de los comerciantes. Los empresarios siempre intentarán cobrar el precio más alto que puedan (no el que quieran, ya que la demanda se contrae según su elasticidad). Las llamadas “expectativas inflacionarias” de por sí nada significan: si no son convalidadas por expansión monetaria, no tienen efecto alguno. Incluso hay quienes la emprenden contra supermercados, con el argumento de que sus costos no justifican aumentos de precios; ignoran que la estructura de costos puede ser muy alta mientras que los precios finales no los cubren, con lo que se producen quebrantos. A la inversa, los costos pueden ser reducidos, pero la demanda de los consumidores hace que el precio resulte alto.

Desde la exposición decimonónica de la utilidad marginal se demostró que no hay nexo causal entre costos y precios finales. El empresario conjetura que los costos están subvaluados en términos de los precios finales, con lo que estima que sacará partida del arbitraje correspondiente, lo cual es muy distinto a sostener que los costos determinan los precios.

En este contexto, se ha sostenido que hay “inflación de costos” cuando se eleva el precio de un bien al que el resto de la economía está muy ligado. Pero es que, manteniendo los demás factores constantes, si aumenta el precio de un bien, por más estrechamente ligado que esté a otros bienes, ocurre una de dos cosas: o se sigue consumiendo la misma cantidad de ese bien, en cuyo caso se debe reducir el consumo de otros, o se contrae su demanda, con lo que naturalmente disminuirá la cantidad vendida.

Las arengas de políticos dirigidas a empresarios es una faena inútil y contraproducente. Por un lado, el problema radica en los políticos; por otro, los precios deben seguir los lineamientos del mercado si se quieren evitar la escasez y los desajustes.

Lo mismo va para la denominada “defensa de la competencia”; la defensa estriba en que la Justicia debe castigar el fraude y el engaño con todo rigor, y no radica en entrometimientos improcedentes con la intención de “poner orden” en el mercado, donde, precisamente, el desorden comienza cuando gobernantes interfieren en arreglos libres y voluntarios.

Las declaraciones de algunos miembros del elenco gobernante en el sentido de que debe incrementarse el gasto público “para reactivar la economía” son del todo infundadas, puesto que la financiación que exige el aumento del gasto -sean o no partidas sin ejecutar- significa que se reasignan los siempre escasos recursos desde los bolsillos de la gente hacia el referido engrosamiento en el gasto, con lo que la productividad indefectiblemente disminuye.

En otras palabras, la administración actual se encuentra en una encrucijada en gran medida debido al peligroso y muy extendido campo minado que dejó el gobierno anterior. Es de desear que este gobierno tenga éxito y adopte las medidas de fondo en cuanto a la eliminación de funciones impropias de la sociedad abierta, para dejar atrás los pesados lastres del populismo. Perder esta oportunidad arrastraría consecuencias imprevisibles.

Publicado originalmente en La Nación. El autor es Doctor en Economía; su último libro es Nada es gratis.