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La Argentina presenta hoy un sistema educativo superior mixto donde conviven universidades públicas y privadas. Privadas estas últimas que en realidad son públicas, considerando que no pueden decidir sobre su oferta académica sin un previo control o aval del Ministerio de Educación y Coneau. Se suele escuchar entre los especialistas en la materia que lo único sobre lo que deciden las universidades privadas es sobre la infraestructura, esto es, el color de las paredes, si alfombran o no las aulas, o si usan un poco más de tecnología que el que es accesible en las universidades públicas, pero poco pueden hacer frente a los controles administrativos de los reguladores, que muchas veces son injustificados, además de burocráticos.
Se dice a veces que cualquiera puede dictar un curso, pero se prohíbe que esos cursos entreguen títulos oficiales, que en muchos casos luego son exigidos en el mercado laboral. Las restricciones para crear nuevas universidades o institutos universitarios privados pienso que son conocidos por todos. Desafío al lector a que investigue cuántas nuevas universidades privadas se han creado en la última década. Me pregunto: ¿Por qué no nos llama la atención esta realidad?
En mi opinión la Argentina debe relajar estas regulaciones y permitir la competencia. En definitiva, la educación también es un mercado, con su oferta y demanda, con precios, y la competencia puede contribuir a crear incentivos que afecten positivamente a la calidad del servicio educativo. Que las universidades creen programas alternativos, y que sean los clientes o consumidores los que en definitiva elijan cursar esos programas. Lógicamente habría mucho más que decir sobre esta temática.
La investigación es parte del sistema educativo. Son los docentes quienes deben capacitarse, actualizarse e intentar conocer y aprehender las contribuciones que se van incorporando en la frontera del conocimiento de cada campo de estudio. Hoy el sistema público que supimos conseguir tiene pocos incentivos para ello, y la bajísima calidad educativa que presentan nuestras universidades –según cualquier ranking internacional- son una consecuencia lógica del sistema vigente.
Las becas de Conicet, en mi opinión, son un parche de un sistema defectuoso. Es como intentar tapar el sol con la mano. Ayudan, por supuesto, a que ciertos investigadores desarrollen una carrera científica, pero el esfuerzo queda condicionado a los vaivenes del ciclo económico argentino, que siempre impacta en el presupuesto. En etapas de auge, con buena recaudación, se repatrían investigadores y se multiplican las becas, pero en etapas de crisis esos mismos investigadores u otros abandonan el país, buscando la estabilidad económica que cualquier investigador necesita. Que hoy tengamos a los científicos argentinos jugando el rol de piqueteros es una triste realidad que sólo lo explica el defectuoso sistema educativo existente.
Al analizar los recortes al presupuesto se hace evidente la mala información que manejan los críticos. Pero aquí sólo quiero ofrecer dos comentarios, en dos niveles de discusión distintos.
En primer lugar, y sobre la base de lo expresado más arriba, me parece que el gobierno debe buscar una reforma del sistema educativo que multiplique los esfuerzos privados. Hay mucho más que el sector privado puede hacer en esta área, en comparación con lo que hoy se le permite hacer. Abrir el mercado, permitir la apertura de nuevas universidades privadas sólo pueden fortalecer el sistema educativo e incentivar la investigación. La competencia crea incentivos para que el docente se actualice y especialice, de tal manera de acceder a nuevos cargos, o incluso recibir algún incentivo adicional para la investigación.
En este sentido, es cierto que la investigación tiene algo de bien público, pero no puede negarse también su condición de bien privado. Quien se beneficia con la investigación es el propio investigador, que luego accede a cargos de mayor jerarquía y mejores remuneraciones justamente por su esfuerzo en el área. Subsidiar completamente los esfuerzos en investigación me parece un error, incluso para la lógica de la teoría de los bienes públicos.
En segundo lugar, y ahora en otro nivel, da la sensación que el gobierno de Macri no se está planteando una reforma en el sistema educativo. En este sentido, el recorte en cuestión es una mala decisión política. La medida sólo contribuye marginalmente a resolver el problema fiscal, y genera un mar de críticas desde el sector.
Si bien apoyo la baja del gasto público (sin querer negar con esto que la investigación es una inversión), la medida debe fijarse un objetivo (¿quizás 10 % del presupuesto?) y recortar a todos los sectores por igual. Cualquier intento de ser selectivo o parcial tiene la probabilidad de fracasar debido a las posibles manipulaciones de cada repartición por lograr que la reducción presupuestaria afecte a otros.
Resumiendo, tal como fue planteado el recorte, Macri sólo recibirá críticas del sector y ayudará muy poco a resolver la cuestión fiscal.
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