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Según informa Infobae, Javier Gonzales Fraga (actual Presidente del Banco Nación) habría sostenido que el “arma más eficaz para combatir la corrupción es meter a algunos empresarios presos.” Disiento, lo que habría que hacer, en términos de “meter a alguien preso”, es encarcelar a algunos políticos. Posiblemente un número mayor a “algunos.”

La corrupción (en el sentido del pago de “coima”) requiere obviamente de alguien que paga y alguien que recibe el soborno. Sobre este hecho descansa el argumento de que ambas partes, empresario (quien paga) y políticos (quien cobra) son igual de responsables.

No es cierto, sin embargo, que ambas partes se encuentren en igualdad de poder de negociación. Es el político, no el empresario, quien posee el poder del estado para forzar al empresario a pagar sobornos. Y en un país con una justicia disfuncional, de poco sirve presentar denuncias a la justicia. Es el político quien puede poner al empresario contra la espada y la pared, donde si no se acepta el pago de soborno el empresario puede ver su negocio llegar a la quiebra.

Imagino que Gonzales Fraga, entre otros, no desconocerán las prácticas abusivas del kirchnerismo (y del peronismo en general) para extraer rentas del sector privado. Economistas colegas han sido denunciados antes la justicia por el mero hecho de difundir estimaciones privadas de inflación no hace mucho tiempo atrás.

No sólo más audaz, sino más preciso, sería pedir que sean quienes detentan el poder del estado quienes deban dar explicaciones de la corrupción argentina.

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