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Siguiendo la Ley de Defensa de la Competencia, el gobierno obligo a la empresa Molinos a vender una de sus marcas de pastas. El argumento es que Molinos habría concentrado poder de mercado y encarado una política de fijación de precios (monopolio) en lugar de ser tomadora de precios (competencia perfecta.) Según la nota de El Cronista, el gobierno no dejo pasar el comentario de que este tipo de medidas son comunes en Estados Unidos y Europa.

Si esta es la ley, mas que defensa de la competencia parece ser una ley sobre control de la competencia. La ley, y el gobierno, parecen confundir el grado de competencia de un mercado con el modelo de competencia perfecta. En el modelo de competencia perfecta hay un gran numero (n -> infinito) de pequeños competidores que ofrecen bienes que son substitutos perfectos. Dado esto, cada pequeño productor es tomador de precios. Los precios los define el mercado, no el productor. Si bien no voy a explayarme en este post, vale recordar que la pequeña empresa como tomadora de precios es matemáticamente inconsistente con los supuestos del mismo modelo (ver aquí).

En el otro extremo se encuentra el caso del monopolio, donde el único productor puede incrementar sus ganancias al disminuir la producción y elevar el precio de venta. Esto, sin embargo, produce una perdida de eficiencia (dead weight loss).

Lo que es perfecto en el primer modelo no es el grado de competencia, sino la eficiencia económica. En equilibrio no hay perdida de eficiencia. No es apropiado, sin embargo, utilizar este modelo como referencia de la perfección de un mercado competitivo, donde desvíos del mismo son imperfecciones a corregir por el gobierno.

El numero de oferentes en el mercado es también un resultado de mercado. La estructura de costos, por ejemplo, define cuantos productores entran en un mercado. Que haya pocos productores (concentración a los ojos de gobierno) no quiere decir ni que no haya competencia ni que le mercado sufra de alguna falla. La competencia en el mercado se incrementa reduciendo impuestos, quitando regulaciones, y removiendo protecciones, no aumentado vía legislación la cantidad de productores. En el caso de monopolios naturales, o bienes network (contestable markets), el numero optimo de oferentes bien puede ser uno.

Mayor contribución a la competencia seria desregular el mercado, o dar por finalizadas las áreas protegidas como las de Tierra del Fuego. O quizás el gobierno pueda ponerse como meta llegar al top-10 de libertad económica en el mundo, en lugar de persistir en el bottom-10.

Es cierto que en Europa y Estados Unidos existen leyes e iniciativas similares. Esto en si, por supuesto, no es un argumento valido. Sin embargo, la motivación inicial de estas leyes (al menos en Estados Unidos) se fundamenta en argumentos del Public Choice, no en empresas que fijan precios en desacuerdo con lo que el gobierno considera apropiado. La motivación de evitar grandes empresas es limitar problemas como el de captura de entes reguladores (Gary Becker). Se este de acuerdo o no, la intención es evitar que empresas adquieran un tamaño que les permita controlar al gobierno limitando la competencia. No es una cuestión de precios, es una cuestión de corrupción. Este no es, sin embargo, el argumento del gobierno.

Al confundir competencia con el numero de productores en lugar de con la ausencia de trabas regulatorias, el gobierno termina transformando lo que debería ser una ley de defensa de la competencia en una ley de regulación de la competencia. Es el gobierno, no el mercado, quien en definitiva define cual es y cual no es un mercado competitivo. Quizás no sea accidente que la motivación política haya llevado al gobierno a aplicar esta ley en el mercado alimenticio, donde la inflación que Cambiemos no logra controlar produce desencanto en su electorado.  En lugar de crear las condiciones de competencia, el gobierno intenta dictar el resultado del proceso competitivo.

 

 

 

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